El viernes 17 de abril, el equipo de investigación conformado por el Dr. Andrés Herrera R, Dr.  Braulio Espinoza Mondragón y Lic. Mario Ruiz Baca, de la UNAN-León y la Rectora en funciones MSc. Maritza Vargas Paiz, presentaron la Segunda Evaluación sobre la percepción del delito y la Seguridad Ciudadana en el municipio de León,  (2005- 2006), realizada por el Centro de Investigación en Demografía y Salud (CIDS) en coordinación con la policía nacional. El estudio recoge la información en la comunidad, en las celdas preventivas, en las ligas barriales y las experiencias de las instituciones del Estado, la sociedad civil y los organismos que trabajan en la delicada tarea de la prevención del delito.

La UNAN-León, forma parte desde el año 2006, de la Junta Departamental de Atención a la niñez y la juventud leonesa JDANJUL, instancia conformada por varias instituciones y organismos que impulsan acciones y estrategias para la prevención, atención y rehabilitación de niños, adolescentes y jóvenes contribuyendo así a garantizar una seguridad ciudadana.

En este encuentro estuvieron presentes el Comisionado General Lic. Francisco Díaz Sub Director Nacional; Comisionado Mayor, Lic. Xavier Rueda, responsable de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana; Comisionado Mayor Xavier Gutiérrez, segundo jefe de la Policía de Managua, Comisionado Mayor, Fernando Antonio Borge Aguilar. Jefe del Equipo Nacional del Modelo, Policía Comunitario Proactivo.

Calificado como un estudio muy valioso e importante por la Policía Nacional, se llega a la conclusión de que hay que socializar estos resultados para analizar y reflexionar sobre algunos aspectos que involucran el perfeccionamiento de la actuación del cuerpo policial. Con ánimos de completar  un diagnóstico se necesita abordar el efecto de programas sociales que desarrolla el gobierno, hasta que punto la sociedad civil se involucra para rescatar a los jóvenes, estamos convencidos que el factor educación, desempeña un papel fundamental en la atención de la prevención del delito.

Se considera establecer un convenio entre ambas instituciones para realizar otros estudios comunitarios, así como el impulso de acciones conjuntas con otros estamentos de la sociedad con el objetivo de garantizar el bienestar de la población.